La escasez de patrimonio, el creciente

La escasez de patrimonio, el creciente aumento de las necesidades públicas y la financiación estatal han contribuido para que la recaudación tributaria se convierta en la mayor fuente de ingresos de las entidades políticas. Cuando se instituye un tributo, el legislador debe observar todos los principios elegidos por el sistema jurídico vigente: tanto los generales, como la legalidad, la anterioridad (en los casos en que se aplique), la irretroactividad de las leyes, como los que contienen un mayor grado axiológico, como la igualdad, la isonomía y la confiscatoriedad. Los principios constitucionales son normas de contenido axiológico, de estructura o de producción normativa, que deben ser observados por el aplicador del derecho y sus usuarios. La progresividad es uno de los principios más importantes de la justicia fiscal distributiva. Se trata de un principio general que se relaciona con la función del tributo y pretende crear una forma de tributación menos onerosa, más justa y más igualitaria. La no adopción de uno de los criterios de promoción del principio de justicia fiscal distributiva vulnera el sistema jurídico, como ocurrió en el ejemplo de la legislación mexicana del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), que actualmente (año 2024) prescribe una alícuota ad rem (fija) de $1.5737 por litro de bebida azucarada (artículo 2º, I, g). Los principios que analicé son verdaderos instrumentos de la justicia fiscal distributiva. Cada uno de ellos por separado es útil para la idea de justicia distributiva, pero insuficiente, por lo que deben ser analizados y aplicados conjuntamente con otros derechos y garantías fundamentales